Mención especial merecen los entornos metropolitanos. América Latina y el Caribe es la segunda Región más urbanizada del planeta, con una tasa de urbanización (porcentaje de población urbana respecto de la población total) que ha pasado del 64% en el año 1984 al 79% en 2010. Si la tendencia continúa, todo apunta a que en 2050 dicha tasa podría situarse en el 87%. Y es que en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o Venezuela más del 85% de la población vive hoy en ciudades.
En términos de seguridad vial, entorno urbano y presencia de usuarios vulnerables son hoy sinónimo de elevadas cifras de siniestralidad en América Latina y el Caribe. Estudios recientes ponen de manifiesto el gran desconocimiento que existe, en términos generales, sobre la representatividad de la accidentalidad en ciudad respecto del total; en los países en los que se dispone de esta información, se confirma que los datos son elevados, superando en muchos casos el 50% de la siniestralidad total. Se mantiene, asimismo, la tendencia de una alta representatividad de peatones, ciclistas y motociclistas en las cifras de fallecidos en accidentes de tránsito. Así, puede afirmarse que la media poblacional de usuarios vulnerables que pierden la vida en carreteras y calles de la Región, si bien no se dispone de datos para la totalidad de los países, supera el 50%.
En todos los pilares definidos por las Naciones Unidas para el Decenio de Acción de la Seguridad Vial hay campo para las mejoras:
- La gestión de la seguridad vial cuenta actualmente con ejemplos inspiradores en América Latina y el Caribe; las Agencias de Seguridad Vial de Argentina o Colombia, de reciente creación, son ejemplos de Gobiernos comprometidos con el fortalecimiento institucional. Pero aún queda mucho por hacer.
- La recogida de los datos de siniestralidad y su gestión ha mejorado en numerosos países, con la colaboración del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, entre otras entidades. Aun sí, el análisis estadístico, en particular de los datos que se recaban en el entorno urbano, es otra de las asignaturas pendientes.
- Carreteras y calles seguras para todos, por medio de la utilización de estrategias como las auditorías e inspecciones de seguridad vial, o la gestión de la seguridad en la red.
- Educación, formación y sensibilización de todos los usuarios acerca de la importancia de la seguridad vial en todo el ciclo de vida.
- La relevancia de la labor de control ejercida por la policía de tránsito, así como su misión educadora y sensibilizadora.
- El aumento de los niveles de seguridad del parque de vehículos en la Región, a través de estrategias de homologación y valoración por medio de iniciativas como LatinNCAP.
- La potenciación del papel de los medios de comunicación, la academia, el sector privado, etc. en la mejora de la seguridad vial.
- El trabajo de asistencia en caso de accidente, donde intervienen servicios de emergencias, médicos, enfermeros, psicólogos, rehabilitadores, etc. Un área en el que son precisos mayores recursos, capacitación y coordinación.
Son solo algunos ejemplos de los numerosos ámbitos de trabajo prioritarios para la reducción de las cifras de siniestralidad en solo en América Latina y el Caribe, sino en el conjunto de Iberoamérica. España, Portugal y el resto de Europa también tienen camino por recorren en la materia, al tiempo que pueden aportar experiencias que se han implementado con éxito en sus sistemas de transporte por carretera y que pueden ser replicables al otro lado del Atlántico.
En este contexto, la VI edición del CISEV se centrará en el análisis de soluciones y el debate constructivo para conseguir carreteras y ciudades más seguras y más sostenibles en todos los países. El objetivo de fondo es ayudar a reducir la siniestralidad en el ámbito urbano, un propósito que se enmarca dentro de las prioridades del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
Y ello sin perder de vista otro gran reto de este CISEV: Plantear metas para la próxima década, ante la proximidad del horizonte temporal 2020 y, con ello, seguir insistiendo en la importancia de que las estrategias de mejora de la seguridad vial se incorporen a las grandes políticas de Estado de los países de la Región.
